Las comunidades denunciamos que en Colombia, los proyectos mineros y energéticos se realizan por empresas transnacionales y nacionales en las cuales prima el interés económico; mientras se represan y trasvasan los ríos, se otorgan licencias mineras sobre páramos, altas montañas, humedales y otras áreas protegidas, se militarizan territorios, se cometen abusos laborales con los trabajadores y se desplazan comunidades campesinas, indígenas, de pescadores y de pequeños mineros, mientras se asesinan, amenazan y desaparecen líderes sociales,