La Corte Plena rechazó hoy un recurso de amparo presentado contra el Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur, que autorizó en diciembre pasado la concesión de exploración y explotación petrolera en el mar Caribe nicaragüense al consorcio estadounidense Noble Energy Ltd, y el estudio de impacto ambiental para el proyecto hidroeléctrico Tumarín, señaló la CSJ en un comunicado.
"No ha lugar al recurso de amparo. En consecuencia, ratifíquese la legalidad" de las resoluciones del Consejo Regional, resolvió la CSJ, integrada por magistrados sandinistas y jueces sustitutos que suplantaron en sus cargos a magistrados liberales opositores que se resisten a integrar Corte Plena.
El recurso de amparo fue presentado el 23 de diciembre de 2009 por tres miembros de la directiva del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur contra los 36 miembros de ese mismo Concejo que dos días antes habían acordado aprobar "los dos importantes proyectos de desarrollo", indicó la Suprema.
El Gobierno de Nicaragua otorgó, en abril de 2008, dos contratos de exploración y explotación de petróleo y reservas de gas natural en el mar Caribe nicaragüense a la empresa estadounidense MKJ Exploraciones Internacionales S.A., socia de Noble Energy Ltd.
Esa compañía explorará en dos áreas ubicadas en la plataforma marítima del Caribe nicaragüense, en el banco Tyra, a 120 kilómetros al este-sureste de Bilwi, Caribe norte, y en el banco Isabel, a 170 kilómetros al noreste de Bluefields, Caribe sur.
Ambas áreas tienen una extensión combinada de cerca de 8.000 kilómetros cuadrados y el término del contrato para la exploración petrolera y reservas de gas natural es de seis años.
En caso de encontrar yacimientos petrolíferos suficientes para ser comercializados, el período de producción de la compañía estadounidense será de 30 años, con una inversión que oscilaría entre los 200 y 500 millones de dólares, según la corporación.
Mientras el proyecto Tumarín, que generará unos 220 megavatios, será ejecutado por la empresa Centrales Hidroeléctricas de Centroamérica S.A., que pertenece al grupo brasileño Queiroz Galvao, en el Caribe sur nicaragüense, donde reubicarán a unas 300 familias, y la inversión será de unos 600 millones de dólares.
Los magistrados liberales se han opuesto a celebrar reuniones de Corte Plena para no legitimar un decreto del presidente del país, Daniel Ortega, que prorrogó el mandato de 25 funcionarios públicos, entre ellos dos magistrados sandinistas.