El dirigente Juan de Dios García explicó que la manifestación se debe a que durante cinco años los pobladores y representante del Ejecutivo negociaron un plan de reparación, y cuando se llegó a un acuerdo, la Presidencia se negó a firmarlo.
De acuerdo con el líder comunitario, 11 mil personas son afectadas, ya que se expropiaron 74 caballerías, que quedaron inundadas, a fin de alimentar la referida hidroeléctrica.
García señaló que en ese despojo no se presentó una orden de expropiación y, como consecuencia, aún hoy en el Registro de la Propiedad esa población perjudicada aparece como propietaria de los terrenos.
Representantes de 33 comunidades de Baja Verapaz efectuaron el plantón, en espera de que el presidente Álvaro Colom les respondiera.
Después de varias horas de espera, el gobernante habló con los manifestantes y se comprometió a firmar el plan de reparación el lunes próximo, luego de que se completen algunos aspectos técnicos.