Organizaciones indígenas de la selva central denuncian que la concesión para el proyecto de la Central Hidroeléctrica Paquitzapango no ha sido consultado a las comunidades ashaninkas a pesar que éstas serán directamente afectadas.

La Central Ashaninka del Río Ene (CARE) denunció la Resolución Ministerial 546 de Energía y Minas que otorga una concesión a la empresa Paquitzapango Energía SAC para realizar estudios de factibilidad relacionados a la futura central.

Del mismo modo cuestiona el proyecto de ley 2970 de la congresista del partido aprista Nidia Vílchez que pretende declarar de “necesidad pública e interés nacional” la construcción de dicha central.

El oficio múltiple difundido por CARE cuenta con el respaldo de las federaciones afiliadas a la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI S.C.) quienes realizaron un taller para elaborar su agenda regional a fines de enero.
Grave violación al derecho de consulta.

La construcción de la central se realizaría en los distritos de Río Tambo, Pangoa y Mazamari, ubicados en la provincia de Satipo, región Junín y represaría las aguas del río Ene y Tambo, impactando de manera directa en las comunidades ashaninkas asentadas en sus laderas.

CARE observa que la decisión ministerial ha trasgredido el derecho de consulta al que tienen derecho los pueblos indígenas y que está amparado por el Convenio sobre Pueblos Indígenas N° 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Tampoco ha cumplido las directrices de la Comisión Mundial de Represas que recomienda de manera prioritaria conseguir la aceptación pública antes del proceso de evaluación, planificación y ejecución de represas.

La citada comisión, creada en 1997, publicó un reporte el año 2000, donde concluye en la necesidad de adoptar determinados principios para la construcción de represas luego de evaluar su impacto en las comunidades.

Lo grave del asunto es que hay un plan concertado entre el Ejecutivo y el Legislativo para poner en marcha la central “soslayando los mecanismos de diálogo, información y consulta” pues las organizaciones indígenas no han recibido ninguna información.
Posibles impactos del proyecto

La represa de concreto de 165 metros de altura “generaría un embalse” que “inundaría territorios de las comunidades nativas”. Además, generaría impactos ambientales que afectaría la flora y fauna del lugar.

CARE deja clara constancia que no se opone al desarrollo pero exige que éste sea responsable y no “a costa de la vida y los pueblos indígenas y comunidades locales”.

El oficio de CARE cuestiona también el propósito de lucro del proyecto que se origina más en la intención de vender energía a Brasil.