La sospechosa licitación que ganó la empresa ASTALDI para construir la presa El Chaparral debe ser tomada en cuenta por la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar el proyecto energético.

Según el coordinador del programa de Derechos Humanos de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Abraham Ábrego, uno de los informes de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomuinicaciones (SIGET) señala que no existe un respaldo de por qué la referida constructora ganó la licitación.

“Parece que no se dio todo el procedimiento de licitación, de evaluar las diferentes ofertas y, al final, salió ganando la ASTALDI; entonces, hay esa deficiencia”, aseguró Ábrego.

Con esta “irregularidad”, el proyecto debe suspenderse y la FGR tiene que actuar de oficio y deducir las posibles responsabilidades de este ilícito.

El representante de FESPAD aseguró que la Fiscalía está facultada para estudiar las licitaciones en las que el Estado participa.

“La Fiscalía ha estado ausente en todo este proceso. Hay que pedirle al Fiscal que investigue esto”, agregó Ábrego.

Otro aspecto que la FGR tendría que investigar es la documentación de concesión que presentó la CEL a la SIGET.

El coordinador del programa de Derechos Humanos de FESPAD sostiene que esta no reúne todos los requisitos establecidos por la Ley General de Electricidad.

Uno es que el estudio del impacto ambiental presentado era “muy superficial” para evaluar los daños que generaría la presa.

Ábrego dijo que “lo más grave” es que tampoco hay una evaluación de los impactos generados por la construcción de la presa, frente a los kilowatios/hora que producirá.

Los megawatts que generará El Chaparral son 65.7. La capacidad instalada de energía del país es de un mil 437 megas, versus una demanda máxima de 925 megas.

Los dos informes de la SIGET, a los cuales la prensa accedió, señalan que el gobierno anterior no se regía bajo la Ley General de Electricidad, que también establece que las concesiones de los proyectos de energía eléctrica y geotérmica se tienen que hacer bajo la autorización de la Superintendencia. Según Ábrego, para el proyecto de El Chaparral se siguió todo el procedimiento para que la CEL administrara la presa, pero, pasaron por alto la autorización de la SIGET, aspecto fundamental para su aprobación.

El informe de la SIGET “Proyecto El Chaparral-Plan B”, el cual fue publicado por Diario Co Latino la semana pasada, señala como medida principal ante los problemas generados por la obra, suspenderla para evitar mayor conflictividad social.

El Presidente de la República, Mauricio Funes, ha reiterado que se realizará la construcción de la represa, pero ha creado una mesa de negociación entre el gobierno y los afectados de El Chaparral para estudiar el tema.