El gobierno pretende "eliminar los procedimientos transparentes y adueñarse de un mercado que es muy rentable" para "controlar la industria eléctrica en el país", alertó el primer secretario del Congreso, el diputado opositor, Wilfredo Navarro.

La iniciativa, admitida ayer por el Parlamento, propone que "se faculte de forma temporal y extraordinaria por un período de cuatro años al Ministerio de Energía y Minas (MEN) para convocar a inversionistas, empresas nacionales y extranjeras públicas, privadas o mixtas" interesadas en explotar estos recursos.

Además de que "se presta a actos de corrupción" en la concesión de los permisos, dijo Victor Tinoco, diputado de la disidencia sandinista.

Según el legislador, con esta ley Ortega apunta a controlar el mercado eléctrico a través de las empresas que manejan el negocio de importación y comercialización del crudo venezolano a Nicaragua, que mueven "decenas de millones de dólares", fuera de presupuesto.
Quieren "quedarse con el negocio" de la industria eléctrica sin "tener que competir" con otros grupos económicos para "seguir enriqueciéndose", advirtió Tinoco en declaraciones a la AFP.

Las operaciones petroleras son dirigidas por la empresa de capital nicaragüense-venezolano Albanisa, que esta semana obtuvo licencia "provisional" para explorar energía eólica, además de las inversiones que tiene en el área de turismo, mejoramiento genético, construcción de viviendas, y exportaciones, entre otros.

Según fuentes legislativas, existen empresarios nacionales y brasileños interesados en desarrollar proyectos de energía renovable, al margen de las promesas de inversión que Rusia e Irán han hecho a Ortega en ese campo.

El embajador iraní en Managua, Akbar Esmaeil Pour, informó el pasado 25 de mayo que están negociando con el gobierno una millonaria inversión en una planta hidroeléctrica.