El Chaparral, que será el más pequeño de los embalses nacionales, se sitúa al norte de San Miguel y su construcción afectará los municipios de San Luis de La Reina, Carolina y San Antonio del Mosco. Según números del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (Cesta), ONG que ha acompañado las protestas, serán unas 15 mil familias las afectadas de forma directa o indirecta.

La decisión del mandatario podría pasar inadvertida de no ser porque los movimientos que han pedido reiteradamente que no se ejecuten las obras son afines al FMLN. De hecho, el partido mismo se ha opuesto al proyecto. Basta recordar cómo el ex alcalde efemelenista de Carolina, José Armando Hernández, encabezó manifestaciones de las comunidades a finales del año pasado.

El extinto Schafik Handal también prometió no erigir dicha represa en caso de resultar electo Presidente en 2004.

Dagoberto Gutiérrez, dirigente de la Tendencia Revolucionaria (TR), también pidió al Presidente pronunciarse sobre el tema en una entrevista televisiva.

Pero Funes ha insistido por su lado en la necesidad de invertir en la generación energética, un tema que no sólo asegura la producción eléctrica para miles de familias, sino que le imprime al país un atractivo de inversión.

El director del Cesta, Ricardo Navarro, es tajante al expresar que de mantenerse la postura de la administración Funes, se dejaría un sabor amargo y de frustración entre los pobladores de los municipios afectados. "En la campaña se le pidió que no se haga (la obra), pero desde que fue electo no se ha querido manifestar sobre el tema", añade. A pesar de eso, la decisión de Funes parece inamovible, pues se siguen levantando los muros de El Chaparral.

Un punto más: la decisión de seguir con la construcción de El Chaparral y con la planificación de la otra represa de El Cimarrón pasó por la determinación de mantener al frente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (Cel) a Nicolás Salume.

Durante las últimas gestiones areneras el tema de las represas fue prioritario, dada la importancia de la inversión en la generación de electricidad, y porque El Chaparral será la primera megaobra de su tipo en el último cuarto de siglo.

Un largo andar

Desde que se anunció la intención de ejecutar el proyecto hace más de cinco años, los pobladores han objetado su desarrollo argumentando los daños ecológicos que generaría, la afectación de zonas cultivables y la reubicación de decenas de familias. Por todo esto han pedido detener la obra.

La construcción de la represa El Chaparral ha tenido que sortear una gran cantidad de obstáculos desde su concepción, siendo uno de los más complejos el constante rechazo de los lugareños.

En octubre del año pasado, las protestas llevaron a que un grupo de vecinos incendiara una bodega propiedad de la Cel en la que se almacenaban planos y algunos resultados de estudios geológicos realizados en la zona.

Un mes antes, un cura había dirigido una manifestación que impidió la salida de las autoridades que llegaron al lugar para colocar la primera piedra del proyecto. Con estas medidas los pobladores han querido estar en el primer plano y hacer escuchar sus demandas.

A pesar de las constantes muestras de repudio contra las obras, y aun cuando las personas esperan una actitud diferente del presidente Funes, éste no ha cambiado la decisión de detener la construcción.

Navarro, sin embargo, prefiere darle el beneficio de la duda y esperar que el mandatario se acomode en el cargo antes de esperar una respuesta.

Al consultarle al dirigente del Cesta, quien ha acompañado desde hace años esta causa, si han pedido alguna reunión o han gestionado un acercamiento con el nuevo mandatario, se limitó a decir que "él (Funes) tiene claro el problema, no es una cosa de si piden detenerlo o no lo piden, él conoce bien la realidad y sabe cuál es la decisión que debe tomar".