La entidad pidió al gobierno panameño adoptar medidas cautelares para evitar daños irreparables al derecho de la propiedad y la seguridad de los indígena Ngöbe-Buglé, residentes en el Valle del Río Changuinola, en la occidental provincia de Bocas del Toro.

En representación de las comunidades indígenas afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica Chan 75, organizaciones ambientalistas de Panamá y Estados Unidos pidieron a la CIDH medidas cautelares para evitar más violaciones a sus derechos.

Los residentes indígenas en las áreas donde se realizan los trabajos de AES en Changuinola, a 600 kilómetros al oeste de la capital, denunciaron que de manera ilegal la empresa estadunidense los había desalojado de sus propiedades.

Las medidas cautelares a favor de los indígenas deben regir hasta que el sistema interamericano de derechos humanos adopte una decisión final sobre el caso, indicó el CIDH.

La entidad instó al gobierno panameño a presentar un informe en los próximos 20 días.

La Alianza para la Conservación y el Desarrollo de Panamá manifestó su complacencia por la medida adoptada por la CIDH y pidió al gobierno acatarla de inmediato.