NOVEDADES DESALENTADORAS EN TORNO A LAS REPRESAS DEL MADEIRA  

Marco Octavio Ribera A.

El ritmo de resistencia institucional pasiva en Bolivia ante la amenaza de las megarepresas del Madeira, se mantuvo hasta Diciembre del 2007. La llegada de Ignacio Lula da Silva presidente del Brasil, cargada de promesas de capitales y un respaldo implícito al gobierno, sirvió para que en los niveles más altos del Estado se declare públicamente en favor de la represas hidroeléctricas, aduciendo de forma directa  que es importante respetar el medio ambiente, pero también es importante cumplir con las demandas en temas energéticos, además de considerarlas necesidades del Brasil en temas de energía. A la gravedad de la anuencia gubernamental se sumó la represión y arresto por la policía a un puñado de activistas ambientalistas que tuvieron el valor de pronunciarse en contra de las represas, precisamente el día que Lula era agasajado en el palacio de gobierno.   

Entre Diciembre 2007 y Enero 2008 salieron las licitaciones para al adjudicación de la construcción y operación de las represas. Varias empresas grandes estaban interesadas en la subasta: Alcoa, Votorantim, Endesa, Billington Metais, Suez, Eletrosul, Camargo Correa, Tractebel y  Vale do Rio Doce, de estas. Algunas tienen amplia participación en actividades de minería, venta de agua, producción de celulosa, etc., industrias que necesitan de elevados montos de energía. La subasta de San Antonio se produce a en diciembre del 2007 y la de Jirau en Mayo del 2008. Como resultado, el consorcio Odebrecht – FURNAS mas otras socias menores brasileñas,  se adjudica San Antonio, por 5.000 millones de dólares, mientras que el consorcio del grupo franco-belga SUEZ-ELETROSUL y varias otras empresas brasileñas se adjudican Jirau, por 5.300 millones de dólares.  Esto significa los procesos de construcción de las represas ya está prácticamente en marcha. En el festín energético, cerca de 30 empresas brasileñas de venta y distribución de energía estuvieron habilitadas para la compra, más de un 70% de la energía a ser producida, ya está comprada. En cuanto a los financiamientos de la construcción de las represas se conoce que el español Banco Santander Central Hispano (SCH) apoyaría con un 20% de los créditos. Se conoce además que este banco, es la mayor entidad financiera privada que opera en toda América Latina y el Caribe, pero su actividad crediticia suele ocasionar estragos ambientales.  

En Bolivia no hubo ninguna mención al respecto, la prensa nacional se limitó a anunciarlo como cualquier otra noticia, no se conoció ningún pronunciamiento o declaración oficial al respecto. Al respecto, en un medio de prensa del Brasil se lee lo siguiente: “La subasta o “leilao” de la represa San Antonio  comenzó tres horas tarde debido a que unos 300 manifestantes contrarios a la hidroeléctrica llegaron a ocupar la sede de la Agencia Nacional de energía Eléctrica. La protesta de grupos como el Movimiento Sin Tierra, Vía Campesina y el Movimiento de los Afectados por las Represas fue dispersada por la Policía, que arrestó a ocho de los militantes”. 

Entusiasmado por el éxito de la subasta de Jirau, el gobierno brasilero y en especial el Ministerio de minas y energía, acelerará la subasta de la hidroeléctrica Belo Monte en el río Xingu. 

A inicios del 2008, los pueblos indígenas y comunidades campesinas del Río Madera, interpusieron una demanda al gobierno del Brasil por el tema de las represas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia que inició una investigación, en la cual la Cancillería boliviana también se vio obligada a responder ante el requerimiento de información de esta Comisión internacional.  Por otra parte, en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos, el Banco Santander Central Hispano, está siendo acusado en el Brasil por su corresponsabilidad en el financiamiento para la construcción de las represas y una hidrovía sobre el Río Madeira.  

Mientras tanto en Bolivia, en Mayo del 2008 se reunió el Comité interinstitucional bajo convocatoria de la Cancilleria y del Viceministerio de Biodiversidad, pero solo con el fin de conocer los avances de los estudios de prospección hidroeléctrica desarrollados por ENDE el año 2007-2008 y la posición tanto del Ministerio de energía y la Superintendencia de Electricidad. Los estudios de ENDE fueron ampliamente observados por la inconsistencia en el proceso de colecta de datos y procesamiento de la información. De cualquier forma las políticas del Ministerio de energía e hidrocarburos – ENDE, está claramente orientada hacia el aprovechamiento de las diversas fuentes de energía con alto costo ambiental y social, en este sentido el potencial hidroeléctrico de los ríos amazónicos están encabezando su lista de prioridades.  

El año 2008 se presenta el Plan Básico Ambiental (por la empresa Madeira Energia SA., una de las concesionarias de la usina San Antonio) con el fin de lograr la aprobación de la Licencia de Instalación (LI) por el IBAMA. Dicho Plan básico está estipulado en las condicionantes relativas al Licenciamiento Previo (LP), dado en Julio del 2007. Leanne Farrel (2008) realiza un análisis pormenorizado de las falencias y omisiones de dicho Plan para el megaproyecto San Antonio, y pone de manifiesto la extrema superficialidad con que fue realizado y confirma la profunda deficiencia de las bases sobre las  que se ha venido desarrollando  el tema de la represas del Madeira. Farrel (2008), hace notar que entre las muchas deficiencias de dicho Plan, destaca la omisión respecto a la situación de las Agrovillas (comunidades rurales), barrios y asentamientos suburbanos relacionados al tramo del Madeira próximo a Porto Velho. No se mencionan los sitios y condiciones de los nuevos asentamientos de la gente a ser relocalizada debido a las inundaciones ni de los espacios productivos y de uso de recursos de las comunidades rurales.  De cualquier forma a mediados del 2008 ya existe una fuerte presión política en el Brasil sobre el IBAMA, para aprobar dicho plan deficiente y lograr la Licencia de instalación. 

Por su parte en Bolivia, el Instituto de Hidráulica e Hidrología de la UMSA (La Paz) ha anunciado a mediados de junio que, ante la inminencia de la construcción  de las usinas en el Madeira (algo que se sabía desde un principio), realizará finalmente un proceso de modelaje y simulación de los efectos de inundación en territorio boliviano por efecto de las represas. Una reacción un poco tardía, aunque queda evidente que el un proceso de esta naturaleza tiene un costo que no fue cubierto o gestionado por el gobierno.     

Lo último destacado en la prensa boliviana en junio de 2008 (www.bolpress.com), hace referencia a que Bolivia buscará un acuerdo con Brasil para evaluar juntos los efectos económicos, sociales y ambientales de la construcción en la frontera común de dos represas hidroeléctricas, afirmó hoy el ministro de Energía e  Hidrocarburos, Carlos Villegas, quien ha manifestado que ese fue uno de los temas discutidos en el Seminario gubernamental sobre las Políticas Nacionales de Energía y Medioambiente, en el que participó el presidente Evo Morales y que se realizó en las afueras de la ciudad de La Paz. Este evento no fue abierto a la participación social y no fueron invitadas las organizaciones científicas, sociales  y ambientalistas del país.  La información de prensa informa escuetamente que en dicho seminario gubernamental se discutió una vez más sobre los impactos ambientales, sociales y económicos de las represas de San Antonio y Jirau a ser construidas por el Brasil, pero cuyos efectos serán nefastos para la Amazonia y sus habitantes.  Entre las principales conclusiones de ese encuentro se señalan que se debe “….exponer al Brasil dichos impactos para reforzar nuestra posición de estudios integrales binacionales en toda la cuenca antes de proseguir con los emprendimientos, y discutir de manera concreta alternativas de readecuación de proyecto, mitigación y compensación por dichos impactos”. Además de concluye que, “…en el curso de las gestiones, se debe explorar además la posibilidad de un convenio binacional por el cual el Brasil compense a Bolivia por futuros impactos que no se pueden prevenir”.  

Al respecto, a fines del mes de Junio del 2008, FOBOMADE alertó que “ciertos sectores del actual gobierno consiguieron tal nivel de influencia en las políticas energéticas y de integración regional que actualmente están encaminando las decisiones de alto nivel a negociar con el Brasil la mitigación y compensación  de los impactos ambientales que producirá la construcción de las mega-hidroeléctricas sobre el Río Madeira, a pesar del rechazo de las organizaciones campesinas e indígenas del Norte Amazónico boliviano que se declararon en emergencia.   

Como respuesta a los “avances” gubernamentales, las organizaciones sociales de la Amazonía boliviana, conminaron al Gobierno de Bolivia a “no negociar ni firmar ningún tipo de acuerdo, carta de intenciones, convenios, análisis y estudios de impacto ambiental, social y económico compartidos con el gobierno del Brasil sobre la construcción de represas y exclusas dentro el Complejo Hidroléctrico del Río Madera”. Incluso llegaron a exigir al Presidente de la República  hacerse presente en la Central de Campesinos de la ciudad de Guayaramerín, para escuchar y dialogar con las bases sociales. Las organizaciones sociales, calificaron de falsas las declaraciones del Superintendente de Electricidad de Bolivia, el cual afirmó que las bases campesinas de la región, habían aceptado las conclusiones referidas a un  posible acuerdo gubernamental con el Brasil.  

Desde LIDEMA, observamos que nuevamente la “política conciliatoria” del gobierno boliviano ante el avance de las represas del Madeira, emerge de un forma más estructurada que en oportunidad de la visita del presidente del Brasil a fines del año 2007. De cualquier forma todo parecería responder a una presión desde el Brasil, considerando además las dificultades que enfrenta el país en torno al tema de aprovisionamiento regular de gas a Cuyabá. También puede interpretarse como una actitud de oportunismo de las autoridades de energía de Bolivia, para impulsar el desarrollo de las represas en territorio boliviano (Cachuela Esperanza y Bala), considerando las evaluaciones hidroeléctricas realizadas por ENDE los primeros meses del 2008 en los principales ríos de la Amazonía de Bolivia. La respuesta que esté pretendiendo dar el gobierno boliviano, obedece a la visión economicista del sector económico “duro” y tecnocrático del gobierno, de espaldas al sentido común y precautorio exigido por instituciones científicas y ambientalista y lo que es peor, de espaldas a la postura de alta vulnerabilidad de las comunidades y organizaciones campesinas e indígenas de la región, quienes han reiterado su rechazo a la política conciliatoria del gobierno.  

LIGA DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE