Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados solicita una reparación
histórica y económica para los habitantes de Corrientes y Misiones que
acrediten haber sufrido daños como consecuencia de la ejecución de las obras
de Yacyretá. Se reclama asistencia tanto para pobladores que no fueron
reubicados como los que sí, y se advierte además sobre los efectos que
generará la elevación a cota 83 de la represa.

El proyecto de ley reclama reparación por los daños causados por la
concreción del "Tratado de Yacyretá", suscripto en 1.973, aprobado por Ley
20.646, donde se explicita que miles de pobladores tendrán derecho a
percibir las indemnizaciones que se reconocen por esta Ley.
Allí se denuncia que miles de afectados por las obras desde 1983 no tuvieron
reparación alguna, y que incluso con la nueva elevación de la cota de 76 a
78 metros se volvió a generar problemas en los asentamientos originarios.
Según denuncia el proyecto, sobre la población no reasentada se ha provocado
una desarticulació

<wbr />n de los barrios y asentamientos, ruptura de lazos de
vecindad, resquebrajamiento de lazos comunitarios y desestructuració<wbr />n del
tejido social. Hay mayor desempleo por disminución de actividades
productivas y alteración de actividades económicas como la pesca, olerías, y
oficios relacionados directa o indirectamente con estas actividades.
En tanto, sobre la población reasentada para la construcción de Yacyretá, en
los cascos urbanos se generó endeudamiento de familias no propietarias,
encarecimiento de la canasta familiar, adquisición de nuevas obligaciones y
erogaciones adicionales a las típicamente constitutivas de la estructura de
gasto familiar, distanciamiento de algunos servicios y centros comunitarios
que aún no fueron relocalizados, mayores distancias entre la vivienda y el
trabajo, lo que contribuyó al incremento del costo de vida.
La mayoría descendientes de las familias afectadas, y otras venidas de otros
lugares -por lo general isleños o afectados por inundaciones atribuibles
también a afectaciones de la represa- o provenientes de sitios de
relocalizació<wbr />n, que tuvieron que abandonar por falta de medios de sustento.
La represa alteró en gran medida las actividades de pesca de la cual
dependía muchísima gente. La pérdida de pesca de subsistencia, no
contemplada en las compensaciones ha ocasionado además un gran impacto
nutricional en la dieta de la población. Asimismo, los problemas de salud
causados por el embalse son serios. El lago es hábitat ideal de vectores
transmisores de Malaria, Leishmaniasis, Esquistosomiasis y otras
enfermedades según lo advierte el mismo Gobierno de Paraguay.
RECLAMOS
Ante este escenario, desde 1991 la sociedad civil inicia una continua lucha
para que tanto la EBY, como los gobiernos y los bancos financiadores
respondieran a los reclamos presentados a todos estos organismos y a otros
foros nacionales e internacionales, con escasos resultados.
En 1996 algunos representantes de las comunidades afectadas, con la
cooperación de ONGs, presentaron pedidos al Banco Mundial y al Banco
Interamericano de Desarrollo, para la instalación, en el caso de Yacyretá,
de los mecanismos de inspección independiente de ambos Bancos. Se pretendía
que estos mecanismos condujeran investigaciones completas sobre las
violaciones de políticas ambientales y sociales que ocurrieron durante la
implementació<wbr />n del proyecto hidroeléctrico Yacyretá. Se solicitó además, que
recomendaran a los Bancos sobre las medidas que debían ser tomadas para
remediar la situación creada por estas violaciones.
La solicitud reclamaba a los Bancos la violación de sus políticas referidas
a reasentamiento, impacto ambiental, poblaciones indígenas y territorios
silvestres. También se reclamó que el programa diseñado para mitigar los
daños sociales y ambientales fuera absolutamente ineficaz para corregir y
reparar las consecuencias del Proyecto en los solicitantes y en el resto de
la población afectada. COTA 78
Además se advierte que para la reciente elevación de la cota de la represa
de 76 a 78 metros la población urbana y rural afectada alcanzó a 2.065
familias paraguayas y 1.745 familias argentinas, de las cuales fueron
relocalizadas aproximadamente la mitad (54% en Paraguay y 46% en Argentina).
Advierte asimismo que el embalse a cota 83, próximo a implementarse, causará
enormes incrementos en los impactos sociales y ambientales, según refiere el
proyecto, que agrega que "los impactos reales a la cota actual del embalse,
de 76 metros sobre el nivel del mar, nunca han sido adecuadamente evaluados.
Mas aún, la extensión y gravedad de los problemas adicionales a cota 83
serán mucho mayores que los impactos actuales".
En tal sentido, se pide indemnizaciones ante daños como la pérdida de
fuentes de trabajo, la pérdida o daños en la vivienda única, daño moral o
psicológico sufrido a consecuencia del desarraigo, actos u omisiones
vulneratorios de los derechos reconocidos en el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas u
originarios.
Además pide se contemple afecciones a la salud debidas a las obras
mencionadas, o a las condiciones ambientales y/o de infraestructura
imperantes en la nueva localización de los afectados.
Como forma de reparación el Gobierno debería disponer la relocalizació<wbr />n en
zonas aptas para su desarrollo, el acceso a la tierra, la provisión de
materias primas y herramientas de trabajo, así como la capacitación y
actualización de conocimientos y el acceso a tratamientos médicos,
farmacológicos y psicológicos.