Desde el pasado 3 de enero, el Sub-Comisionado José Manuel Ríos de la Policía Nacional ha ordenado la ocupación forzosa del Territorio Ngobe del Corregimiento de Valle de Risco en la Provincia de Bocas del Toro, Reserva de la Biosfera de La Amistad, con la finalidad de permitir la construcción de la hidroeléctrica Changuinola I (Chan 75), propiedad de la estadounidense Corporación AES. Esta operación ha involucrado numerosas violaciones a los derechos humanos, incluyendo la persecución de dirigentes; el maltrato y arresto ilegal de mujeres, menores de edad y adultos mayores; la violación a las libertades de transito y de asociacion de los moradores del área; y la destrucción masiva de los cultivos de subsistencia de varias familias indígenas de Nance de Risco, Charco de La Pava y Valle del Rey. Todos estos abusos han sido cometidos con la anuencia y participación de personal de AES y de la empresa de capital danés Changuinola Civil Works (E. Pihl & Son y MT Hojgaard).

Ante la creciente militarización de las comunidades Ngobe del Rió Changuinola, los afectados han presentado quejas ante la Defensoria del Pueblo y ante la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) de la Policía Nacional, sin que todavía hayan recibido ninguna respuesta. Además, el pasado 21 de diciembre también interpusieron un amparo de garantías constitucionales en la Corte Suprema de Justicia, el cual todavía no ha sido resuelto por la máxima entidad de justicia del país. A pesar de todos estos esfuerzos, las arbitrariedades y abusos de la Policía Nacional, bajo el mando del Sub-Comisionado Ríos, han continuado en aumento. Según el dirigente comunitario, Ernesto López, quien fuera perseguido por la Policía Nacional en el mes de enero, "nuestras comunidades se encuentran en un estado de sitio".

La eliminación de cultivos de subsistencia; el control del ingreso a las comunidades indígenas y la instalación de un campamento permanente de la Policía Nacional entre Nance de Risco y Charco de La Pava son evidencias indiscutibles de que el Gobierno de Martín Torrijos ha optado por realizar un reasentamiento involuntario de la población Ngobe de la Reserva de la Biosfera de La Amistad, contraviniendo de esta manera lo establecido en el articulo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Indígenas, que indica que "los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras y territorios". Según Osvaldo Jordán de la Alianza para la Conservacion y el Desarrollo (ACD), "nunca antes se había dado algo así en la historia de nuestro país. El Gobierno de Martín Torrijos pasara a la historia como el que mayores abusos ha cometido en contra de la población indigena". Como ironía del destino, de acuerdo a una publicación de la antropóloga Francois Guionneau Sinclair, en 1964 el jefe regional de la Guardia Nacional y padre del actual presidente, Omar Torrijos Herrera, prefirió dialogar y buscar una resolución pacifica al levantamiento general de la población Ngobe en la Provincia de Chiriqui. Al parecer, ni el Sub-Comisionado José Manuel Ríos ni el Presidente de la Republica han aprendido nada de esta lección histórica.