WASHINGTON, D.C. –De las actuaciones de este presidente y las de su
padre, me es fácil concluir que los Torrijos tienen escaso compromiso
ambiental y aun menos compromiso con los derechos del indígena. Para
establecer el patrón de conducta tenemos a un Omar Torrijos que inundó 35
mil hectáreas de tierras kunas para construir su hidroeléctrica de
Bayano; esto arruinó la tierra y las vidas de esa pobre gente que hasta
el día de hoy, 35 años después, siguen reclamando que el gobierno cumpla
con lo prometido.
Siguiendo ese modelo, tenemos ahora a un Martín Torrijos fríamente empeñado en construir hidroeléctricas que destruirán las tierras y las vidas de indígenas ngöbe y naso, aunque haya que desalojarlos a punta de toletazos, engaño y gases lacrimógenos. Una parte de este patrón de conducta –que ya conocemos bien– es el apuro desmesurado y la represión policial, sin permitir tiempo para el diálogo, la consideración de alternativas o la negociación de una solución aceptable para todos.
El más reciente ejemplo de este patrón ocurrió el pasado 3 de enero en Charco la Pava en Bocas de Toro, donde una comunidad ngöbe se está resistiendo a la construcción de una hidroeléctrica en el río Changuinola que afectará las tierras, cosechas, y residencias tradicionales de unos 3 mil 500 indígenas. Hace meses que los activistas en defensa de los ngöbes habían venido denunciando que la empresa involucrada –AES, basada en Virginia– estaba valiéndose de engaño y coerción para desalojar a los indígenas, mientras solicitaban que la obra se suspendiera hasta solucionar el problema. Los trabajos avanzaban, sin embargo, por lo que el pueblo de Charco la Pava entabló una protesta pacífica a mediados de diciembre que continuó hasta el 3 de enero, cuando llegaron los antimotines.
“Deshicieron el campamento por medio de gases lacrimógenos y fuerza física, sin hacer distinción entre ancianos y niños, hombres o mujeres”, relata Lucía Lasso, directora ejecutiva de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, una organización no gubernamental en Panamá. “Al final del encuentro, la policía había arrestado a 54 personas, de los cuales 13 eran menores de edad, incluyendo un bebé de ocho meses”. Luego, según Lasso, la policía fue de casa en casa en Charco la Pava, preguntando “violentamente” por los supuestos dirigentes de la protesta; estos optaron por esconderse en la montaña pero la policía los persiguió con helicópteros. “En esta zona, defender los derechos de las comunidades se ha convertido en un crimen”, observa Lasso. Desde entonces, alega, la construcción de esta hidroeléctrica “avanza a costa de la fuerza policial”.
Esto ha escandalizado a las ONG internacionales que defienden causas indígenas y ambientales. El Center for Biological Diversity, preocupado por el aspecto ambiental, dice tener una red de 50 ONG que están presionando para que se cancele este proyecto de represa y otros parecidos. Jim Howe, profesor de antropología en el Massachusetts Institute of Technology y autor de un excelente libro sobre los kuna, está circulando una carta que tilda de “crisis” la situación en Changuinola y pide apoyo financiero para una ONG llamada Cultural Survival, que defiende los derechos de los ngöbe.
El viernes entrevisté por teléfono a Ellen Lutz, directora de Cultural Survival; le pregunté cuál es su meta con respecto a este proyecto y me gustó mucho su respuesta: “Queremos que detengan la represa hasta que el gobierno negocie de buena fe con esta gente, para buscarles una solución razonable a sus futuros”, señaló Lutz. Ella subrayó que, en estos casos, los pueblos afectados tienen derecho a ser debidamente informados, consultados e incluidos en el proceso de resolución, y a que se valore y respete el derecho de preservar su estilo de vida tradicional. Lutz asegura que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos protegen todos esos derechos y que las ONG involucradas llevaran el caso al sistema interamericano si la Corte Suprema de Panamá no responde pronto al amparo que le fue presentado en diciembre.
En otras palabras, activistas como Cultural Survival no necesariamente piden la cancelación del proyecto (si las objeciones ambientales resultan tener solución). Lo que piden es que el gobierno panameño sea justo –no abusivo– con los afectados, que proceda con el debido respeto por los derechos ciudadanos, sin atropello policial y sin pisotear a los sectores humildes. Si tuviéramos un presidente genuinamente comprometido con los derechos del pueblo, esto no sería demasiado pedir.
La autora es corresponsal de ‘La Prensa’
———————————————————
En un país serio, democrático y con respeto a la ley, no tenemos por qué invocar el poder de un presidente para detener una masacre social y ambiental. Si se respetara simplemente la ley, hoy AES Changuinola, no debería estar allí, haciendo el daño que están haciendo.
Allí en problema no sólo es de desplazamientos forzados y engañados de indígenas, que es un asunto grave, sino que este es un sitio patrimonio natural de la humanidad, ya que es un Bosque Protector, una Reserva de la Biosfera, un corredor biológico altitudinal, una parte clave del corredor biológico del caribe panameño y es área de amortiguamiento clave del Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad reconocido por la UNESCO.
Estos proyectos hidroeléctricos no caben allí y punto. Decir que una negociación de buena con fé con el Presidente de la República incluido es jugar a las dos aguas y yo creo que ya estamos grandecitos para eso.
El Estado de Derecho debe respetarse y no debemos estar esperanzados en la buena fé de un persona que está a años luz de comprender con racionalidad cuáles daños graves le causa a la gente con la corrupción que campea el auspicio oficial de hidroeléctricas en áreas protegidas.
El Estado de Derecho no permite que se le haya dado concesiones a AES en este majestuoso patrimonio natural y sitio de asentamientos de indígenas Ngobes, que en 50 de residir en esos lares, no han destruido este majestuoso ecosistema, sin embargo AES en menos de 12 meses ha destruido y destruirá invaluables tesoros naturales, en nombre de la gula energética para exportación que desea. Viva el monopolio de AES en Panamá.
Olvidémonos de las fuentes de energías alternativas reales. Viva la corrupción y el juego vivo, y actuemos de buena fe con un presidente que no comprende ni comprenderá la dimensión ambiental, ni social por escasez de tiempo para asimilarlo.
Burica Press
Siguiendo ese modelo, tenemos ahora a un Martín Torrijos fríamente empeñado en construir hidroeléctricas que destruirán las tierras y las vidas de indígenas ngöbe y naso, aunque haya que desalojarlos a punta de toletazos, engaño y gases lacrimógenos. Una parte de este patrón de conducta –que ya conocemos bien– es el apuro desmesurado y la represión policial, sin permitir tiempo para el diálogo, la consideración de alternativas o la negociación de una solución aceptable para todos.
El más reciente ejemplo de este patrón ocurrió el pasado 3 de enero en Charco la Pava en Bocas de Toro, donde una comunidad ngöbe se está resistiendo a la construcción de una hidroeléctrica en el río Changuinola que afectará las tierras, cosechas, y residencias tradicionales de unos 3 mil 500 indígenas. Hace meses que los activistas en defensa de los ngöbes habían venido denunciando que la empresa involucrada –AES, basada en Virginia– estaba valiéndose de engaño y coerción para desalojar a los indígenas, mientras solicitaban que la obra se suspendiera hasta solucionar el problema. Los trabajos avanzaban, sin embargo, por lo que el pueblo de Charco la Pava entabló una protesta pacífica a mediados de diciembre que continuó hasta el 3 de enero, cuando llegaron los antimotines.
“Deshicieron el campamento por medio de gases lacrimógenos y fuerza física, sin hacer distinción entre ancianos y niños, hombres o mujeres”, relata Lucía Lasso, directora ejecutiva de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, una organización no gubernamental en Panamá. “Al final del encuentro, la policía había arrestado a 54 personas, de los cuales 13 eran menores de edad, incluyendo un bebé de ocho meses”. Luego, según Lasso, la policía fue de casa en casa en Charco la Pava, preguntando “violentamente” por los supuestos dirigentes de la protesta; estos optaron por esconderse en la montaña pero la policía los persiguió con helicópteros. “En esta zona, defender los derechos de las comunidades se ha convertido en un crimen”, observa Lasso. Desde entonces, alega, la construcción de esta hidroeléctrica “avanza a costa de la fuerza policial”.
Esto ha escandalizado a las ONG internacionales que defienden causas indígenas y ambientales. El Center for Biological Diversity, preocupado por el aspecto ambiental, dice tener una red de 50 ONG que están presionando para que se cancele este proyecto de represa y otros parecidos. Jim Howe, profesor de antropología en el Massachusetts Institute of Technology y autor de un excelente libro sobre los kuna, está circulando una carta que tilda de “crisis” la situación en Changuinola y pide apoyo financiero para una ONG llamada Cultural Survival, que defiende los derechos de los ngöbe.
El viernes entrevisté por teléfono a Ellen Lutz, directora de Cultural Survival; le pregunté cuál es su meta con respecto a este proyecto y me gustó mucho su respuesta: “Queremos que detengan la represa hasta que el gobierno negocie de buena fe con esta gente, para buscarles una solución razonable a sus futuros”, señaló Lutz. Ella subrayó que, en estos casos, los pueblos afectados tienen derecho a ser debidamente informados, consultados e incluidos en el proceso de resolución, y a que se valore y respete el derecho de preservar su estilo de vida tradicional. Lutz asegura que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos protegen todos esos derechos y que las ONG involucradas llevaran el caso al sistema interamericano si la Corte Suprema de Panamá no responde pronto al amparo que le fue presentado en diciembre.
En otras palabras, activistas como Cultural Survival no necesariamente piden la cancelación del proyecto (si las objeciones ambientales resultan tener solución). Lo que piden es que el gobierno panameño sea justo –no abusivo– con los afectados, que proceda con el debido respeto por los derechos ciudadanos, sin atropello policial y sin pisotear a los sectores humildes. Si tuviéramos un presidente genuinamente comprometido con los derechos del pueblo, esto no sería demasiado pedir.
La autora es corresponsal de ‘La Prensa’
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En un país serio, democrático y con respeto a la ley, no tenemos por qué invocar el poder de un presidente para detener una masacre social y ambiental. Si se respetara simplemente la ley, hoy AES Changuinola, no debería estar allí, haciendo el daño que están haciendo.
Allí en problema no sólo es de desplazamientos forzados y engañados de indígenas, que es un asunto grave, sino que este es un sitio patrimonio natural de la humanidad, ya que es un Bosque Protector, una Reserva de la Biosfera, un corredor biológico altitudinal, una parte clave del corredor biológico del caribe panameño y es área de amortiguamiento clave del Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad reconocido por la UNESCO.
Estos proyectos hidroeléctricos no caben allí y punto. Decir que una negociación de buena con fé con el Presidente de la República incluido es jugar a las dos aguas y yo creo que ya estamos grandecitos para eso.
El Estado de Derecho debe respetarse y no debemos estar esperanzados en la buena fé de un persona que está a años luz de comprender con racionalidad cuáles daños graves le causa a la gente con la corrupción que campea el auspicio oficial de hidroeléctricas en áreas protegidas.
El Estado de Derecho no permite que se le haya dado concesiones a AES en este majestuoso patrimonio natural y sitio de asentamientos de indígenas Ngobes, que en 50 de residir en esos lares, no han destruido este majestuoso ecosistema, sin embargo AES en menos de 12 meses ha destruido y destruirá invaluables tesoros naturales, en nombre de la gula energética para exportación que desea. Viva el monopolio de AES en Panamá.
Olvidémonos de las fuentes de energías alternativas reales. Viva la corrupción y el juego vivo, y actuemos de buena fe con un presidente que no comprende ni comprenderá la dimensión ambiental, ni social por escasez de tiempo para asimilarlo.
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